PEDRO JUAN CABALLERO (Cándido Figueredo Ruiz, de nuestra redacción regional). La construcción se inició en el año 2012 a cargo del consorcio Alfa y Beta, representado por Rodrigo Humberto Benítez Barriocanal y Gustavo Modesto. La empresa suspendió las tareas cuando asumió Horacio Cartes, y desde entonces las obras y costosos equipos están arruinándose.
Benítez Barriocanal explicó hace unos días que su empresa trabajó a pérdida en la obra que se inició hace seis años. “Vino el cambio de gobierno, y con eso el IPS realizó un corte administrativo y la obra paró dos años”, indicó.
Benítez Barriocanal señaló que, tras esos dos años de paro, la firma le exigió al IPS una renegociación, teniendo en cuenta que los equipos a instalarse en el local estaban tasados en dólares y, tras dos años, el valor del dólar había cambiado sustancialmente, por lo que se debe renegociar el costo.
El director de Infraestructura, Gustavo Masi, señaló ayer que las declaraciones de Benítez Barriocanal “están totalmente fuera de lugar porque, primero, a la empresa nadie lo obligó a que firmara un contrato en el cual no tenía la plena seguridad de que la institución tenía el 100% del presupuesto para hacer esa obra”.
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Masi añadió que la firma recibió un anticipo y luego el IPS le pagó una deuda de G. 800 millones, “y aun así la empresa tuvo un atraso importante en la obra y nunca se puso al día”.
Dijo que cuando él asumió el cargo en IPS, ofreció a la empresa “hacer una rescisión del contrato de mutuo acuerdo, que ellos devolvieran el anticipo que aún tuvieran en su poder y que pudiéramos volver a llamar a una nueva licitación en la que ellos podrían haberse presentado”. La firma no aceptó esa propuesta y solicitó que el IPS le cambiara los precios de los equipos valuados en dólares, lo cual no se podía hacer porque la ley no lo permite, según Masi.
“Yo no soy mago, yo no les puedo hacer algo para irme yo preso”, agregó.
Hace un año, Alfa y Beta le ganó el pleito judicial al IPS. Tras el fallo, la institución se comunicó con la empresa y le dio el plazo de diez días, establecido por ley, para reiniciar la obra, pero no cumplió. “Por eso estamos pidiendo de vuelta la rescisión del contrato, y de vuelta debe decidir el Poder Judicial”, acotó.
Intentamos hablar ayer con Benítez Barriocanal, pero no respondió nuestras llamadas a su celular.