En el departamento de Alto Paraguay existen cuatro municipios, tres de los cuales están bajo administración de gobiernos colorados y uno en manos del PLRA.
En el distrito de Carmelo Peralta, el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la auditoría practicada a la administración del intendente Domingo Duarte (ANR), correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013, menciona un faltante de más de G. 2.000 millones.
De Fonacide, Duarte transfirió más de G. 650 millones a otras cuentas corrientes habilitadas por la Municipalidad. Además, utilizó los recursos para gastos diferentes a los especificados en la Ley 4758/2012.
En Carmelo Peralta, en tres años, solo construyeron tres pequeños comedores en distintas escuelas y refaccionaron algunas aulas.
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Bahía Negra
La administración comunal de Bahía Negra, a cargo del intendente Saúl Bernal (PLRA), está siendo auditada por la CGR. Según el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad recibió G. 1.349 millones del Fonacide desde 2012 hasta 2014. El concejal liberal Cándido Martínez aseguró que en cuatro años Bernal apenas encaró la construcción de un aula, que quedó inconclusa en 2012, en una escuela en la comunidad de Sierra León, además de un comedor en Puerto Esperanza, cuya construcción tampoco terminó en 2013.
Mariscal Estigarribia
El exintendente mariscaleño Eladio Alcaraz (ANR) soporta procesos por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. En setiembre de 2014 fue denunciado ante la Fiscalía de Filadelfia por mala utilización de recursos del Fonacide y royalties de 2013. Según la CGR, solo el 16% (G. 194 millones) de los G. 1.249 millones de Fonacide tienen respaldos documentales.
Alcaraz fue removido del cargo por la Junta Municipal en noviembre de 2014.
Los fiscales que manejan las causas son Armín Echeguren y Alan Schaerer.
Ayolas
La Unidad Fiscal de San Ignacio (Misiones), a cargo del fiscal César González, “blanqueó” al intendente de Ayolas, Nelson Delvalle (ANR), al ponerlo como testigo de un supuesto hecho de estafa y lesión de confianza que salpicó a funcionarios municipales en la creación de una empresa conocida como “Comesur” para proveer el almuerzo escolar en Ayolas.
El Ministerio Público ignoró que el jefe comunal es el administrador y ordenador de gastos de la Municipalidad, que incluyen recursos del Fonacide, de royalties, ingresos genuinos y otros rubros. El caso Comesur salió a luz pública el 20 de julio de 2014, cuando Josefina González González (25), analfabeta, sin vivienda y de escasos recursos económicos, denunció que usaron su nombre para hacerla aparecer como propietaria de la empresa Comesur, con capital de G. 1.800 millones.
Hasta el momento fueron imputados Blásida Arévalos de Gómez (tía de Josefina), Rodrigo Ramírez y Heriberto Rolón Batista, responsable de la Unidad de Operaciones de Contrataciones (UOC). Ramírez es pareja sentimental de Blanca Gómez, hija de Blásida y prima de la denunciante.
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