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SAN BERNARDINO, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Una campaña para juntar firmas a favor del leonino contrato refrendado por la Municipalidad, administrada por Luis Aguilar (PLRA), con Afara Salomón Carrasco por el usufructo en carácter de “exclusividad” de las playas Rotonda y Ciclovía empezó a circular ayer a través de las redes sociales. La grosera entrega de los espacios públicos se hizo bajo la figura de “asesoramiento, promoción y gestión”.
El convenio tendrá cinco años de vigencia, es decir, hasta 2023, y no generará beneficio económico alguno a la Comuna. La Junta Municipal resolvió por mayoría el sábado último retirar la autorización al intendente Aguilar y disponer la anulación del contrato.
Sin embargo, según nuestras fuentes, a través de la campaña impulsada por el propio hermano del intendente, Francisco Aguilar, asesor político “ad honorem” de la Comuna, y el empresario Afara Salomón se buscaría presionar para la continuidad del leonino contrato.
Incluso, el asesor jurídico de la Municipalidad, Rafael Rojas, declaró el lunes último que el empresario Afara Salomón podría solicitar una indemnización por lucro cesante, tras la anulación del contrato para la entrega de las playas, pese a los innumerables cuestionamientos sobre la ilegalidad y la falta de transparencia del acuerdo.
Además, en ninguna cláusula del documento están estipulados dichos beneficios.
Absurdo contrato
El leonino contrato firmado por el intendente Luis Aguilar y Afara Salomón Carrasco es por “asesoramiento, promoción y gestión”. Las partes acuerdan que el empresario debe pagar G. 2.600 millones por la explotación de las playas públicas Ciclovía y Rotonda, de los cuales G. 500 millones deben ser en efectivo; inversiones en infraestructura física (no se especifican las obras) por G. 1.000 millones y la organización de eventos por G. 1.100 millones.
Uno de los puntos más groseros del contrato es que el primer pago, de G. 250 millones, la empresa lo hará recién en abril de 2021 (un año después de que termine el periodo de gobierno de Aguilar), y el saldo, en dos cuotas de G. 125 millones, pagaderos en 2022 y 2023.
El artículo 5, inciso “i”, señala que la empresa podrá solicitar resarcimiento por los gastos generados por las construcciones hechas, “dependiendo de la naturaleza del bien incorporado”. También podrá pedir indemnización en caso de rescisión anticipada del contrato por la Municipalidad.
Ciudadanos vigilantes
Rosana Aquino, una de las locatarias de puestos de ventas de la playa “Rotonda”, dijo que se conformó un grupo de jóvenes y personas mayores en defensa de las playas públicas de la Villa Veraniega. Señaló que está prevista una reunión este fin de semana para analizar las acciones a seguir tras la circulación de la engañosa campaña.
Expresó que ahora se convirtieron en una suerte de contralores de las actuaciones de sus autoridades. Añadió que no descartan solicitar la intervención de la Comuna por la falta de transparencia de las gestiones de las autoridades locales; además de seguir con las movilizaciones.