SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Siete aulas de la escuela Isaac Cabrera y tres salas del colegio Acosta Ñu, en donde también funciona la educación escolar básica, fueron clausuradas por recomendación de la arquitecta Raquel Ortellado, del departamento de infraestructura del MEC, quien verificó los locales educativos.
Ambas se encuentran en total estado de deterioro y existe riesgo de derrumbe.
Las salas de clases fueron inhabilitadas, pero no se previó un lugar donde pudieran dar clases los alumnos. Las comunidades educativas cuestionaron que la medida haya sido adoptada sin ninguna estrategia de solución provisoria.
El caso más grave se presenta en la escuela Isaac Cabrera donde dos pabellones fueron clausurados y unos 300 alumnos se quedaron sin aulas. Actualmente dan clases bajo los pocos árboles del lugar y en los días de lluvia y de intenso frío se tendrán que suspender las actividades académicas.
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En octubre de 2015 la escuela sufrió el derrumbe de parte del techo de una de las aulas del segundo piso. Además, a raíz de las grandes grietas de las paredes todo el bloque fue clausurado. Hasta hoy no se realizó ninguna reparación. En el otro pabellón se debe cambiar el techo, incluido el maderamen.
La directora de la escuela, Mabel Cañete, dijo que los padres no están de acuerdo con llevar a los niños a las casas de vecinos antes de que empiecen las obras de reparación.
En el colegio Acosta Ñu, tres aulas fueron clausuradas porque las paredes están desquebrajadas y las tejas se mueven. Los alumnos podrían utilizar una capilla contigua para estudiar.
“La recomendación que tenemos del MEC es no entrar más en estas aulas porque se pueden derrumbar. Las directoras deben buscar dónde pueden ir los niños; las opciones que tenemos son las casas vecinas y capillas por el momento”, expresó el supervisor zonal Félix Segovia.
Dijo que están gestionado la posibilidad de obtener aulas móviles para que los niños no se queden a la intemperie.
Por su parte, el intendente Raúl Mendoza (PLRA) indicó que la Comuna recibó más de G. 1.500 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y que depende de la autorización del MEC para iniciar los arreglos de aulas.