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LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). Venancia Cáceres relató que llegó a la Municipalidad acompañada de un conocido aproximadamente a las 09:30 del 11 de octubre y acudió a la caja para abonar el impuesto inmobiliario por cinco años, desde 2012 hasta 2017, por un terreno de casi dos hectáreas ubicado en la compañía Tarumandy y que, según registros de la Comuna, debía pagar G. 67 millones. Antes de acudir a la Municipalidad consultó vía telefónica sobre el monto que debía abonar y le indicaron que era de unos G. 100 millones, pero que le podían redondear en G. 50 millones.
Añadió que fue atendida por una funcionaria identificada como Natalia Insfrán, quien le dijo que como era demasiado dinero lo que tenía en su poder (G. 50 millones) iban a contarlo en una habitación contigua para proceder al cobro.
La mujer relató que luego de cuatro horas Insfrán contó todo el dinero y llevó a la caja. Luego le entregó el recibo.
La contribuyente comentó que en ese momento no controló el contenido del recibo de dinero entregado por la funcionaria. Después, su acompañante se percató de que el monto que figuraba en la factura era de G. 5.256.532 y le advirtió de que al parecer la estafaron.
La denunciante agregó que intentó hablar con el intendente, Carlos Echeverría (colorado cartista) sobre lo ocurrido, pero que cada vez que lo buscaba en la institución le decían que no se encontraba.
Venancia Cáceres indicó que fue atendida por el secretario de la Intendencia, quien hizo copia de la factura y le prometió coordinar una entrevista con Echeverría, pero eso no ocurrió.
Se presume que el secretario al que se refiere es Juan José Quintana. El director de Gabinete, Enrique Sandoval, es también mano derecha del jefe comunal.
El director de Transparencia y Anticorrupción de la Comuna, Julio Núñez, ayer aseguró que Cáceres solamente pagó G. 5.256.532 y no G. 50 millones como asegura. Como “prueba” exhibió una “declaración jurada sobre explotación de inmueble (productividad)”, pero que no tiene la firma de la denunciante y tampoco figura la fecha.
Consultado sobre la falta de firma y los demás datos, Núñez dijo que “normalmente no se firma porque van adjuntas las copias de cédula y título de propiedad”.
La afectada niega rotundamente haber presentado dicho juramento.
El acta de verificación de la supuesta productividad, señala que el inmueble se encuentra totalmente cercado, además de poseer pastos Angola y una plantación de caña de azúcar en una superficie de 5.000 m² aproximadamente y árboles frutales. También, según el documento en el predio se encuentran una vaca y 25 gallinas.
Pero, el capataz del lugar negó la versión y nuestro equipo pudo verificar la inexistencia de lo expuesto por la Municipalidad de Luque en el documento presentado como auténtico.