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SAN JUAN DE ÑEEMBUCÚ ( Clide Noemí Martínez, corresponsal). El caso se inició luego de que los concejales municipales hayan presentado una denuncia ante el Ministerio Público, mencionando numerosas irregularidades en la administración del jefe comunal, Fabio Rojas, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
La fiscala de la causa afirmó que hasta el momento se ha detectado en los documentos que podría tratarse de un daño patrimonial de casi 1.300 millones de guaraníes, cifra que aumentaría en el desarrollo de la investigación.
Igualmente, señaló que las cuentas bancarias de la municipalidad en los Bancos de plaza habían sido prácticamente vaciadas, acorde con la denuncia existente en la carpeta fiscal. Todas estas irregularidades llevaron a la fiscala Ana Luz Franco a dictar la captura contra el intendente liberal Fabio Rojas.
Piden auditoría
Los ediles municipales también habían solicitado infructuosamente la presencia de la Contraloría General de la República para una auditoria.
En varias ocasiones se clamó por una intervención del órgano contralor, para poder clarificar las cifras y saber cuánto fue el dinero que aparentemente falta en el ejercicio de la administración de Rojas.
Si bien por ahora la suma de dinero que al parecer fue malgastada es elevada, se habla de que el monto final podría ser mucho más.
Pero no se puede saber con exactitud, debido a que la Contraloría General de la República todavía no accedió al pedido de los concejales de venir a intervenir la intendencia de San Juan de Ñeembucú.
Prófugo
El intendente Fabio Rojas se encuentra actualmente con paradero desconocido, lo que impide el cumplimiento de la orden de captura emanada de la unidad fiscal a cargo de Ana Luz Franco de Stete.
Se informó a la Policía del pedido de detención que pesa sobre el político liberal, pero hasta ahora nadie volvió a ver a Fabio Rojas.
Si bien por el momento la orden de captura dictada por la fiscala es solo contra el intendente Rojas, no se descarta que con el correr de las investigaciones los pedidos de detención se amplíen a otros funcionarios de la intendencia que ahora está bajo la lupa del Ministerio Público.
Con la revisión de más documentaciones se podrían ir encontrando a más personas que puedan tener implicancia en este caso.