SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los representantes de las organizaciones ciudadanas Defensores de San Lorenzo, Che Kuerái y Poder Ciudadano solicitaron al contralor general de la República, Enrique García, la urgente investigación del proceso de adjudicación del cobro de estacionamiento tarifado en este distrito.
Explicaron que la Comuna, administrada por Albino Ferrer (colorado cartista), no entregó la documentación relacionada con el tema, que fue solicitada por las agrupaciones de vecinos.
Precisaron que los documentos fueron requeridos por notas del 29 de diciembre de 2017 y del 5 de enero último, según Ley de 52821/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
El contrato para la prestación del servicio fue suscripto por Ferrer en nombre de la Municipalidad de San Lorenzo, y en presentación de SL Parking por Enrique Catalino García Hulskamp. La rúbrica se llevó a cabo el 23 de enero de 2017 y entró a funcionar después de casi un año.
Uno de los puntos llamativos es que en el contrato no se identifican los dueños y/o representantes legales de las empresas Edsa, Itnet y CGAF, que conforman el consorcio beneficiado con la adjudicación. Además, representantes de los grupos de ciudadanos constataron que la firma no tiene oficina en la dirección que figura en el contrato, que es Avenida General Máximo Santos y Concordia, de Asunción. En el lugar funciona el complejo de Santos, en cuya recepción aseguraron que nunca escucharon ni el nombre del consorcio.
Mediante una llamada telefónica corroboramos la versión de los vecinos.
Otra anomalía que denunciaron es que en el pliego de bases y condiciones y en el contrato se describen los servicios del estacionamiento tarifado, pero en el punto referido a las obligaciones del consorcio explica que es provisión de un software (Cláusula octava). Los ciudadanos organizados indican además en la nota que Ferrer expresó a través de la prensa su desconocimiento sobre el contenido de todo el contrato que firmó.
Distribución injusta
Asimismo, las organizaciones cuestionan la distribución desproporcionada de la recaudación, que es de 77,4% para el Consorcio adjudicado y el 22,6% para la Municipalidad de San Lorenzo. Tampoco se tiene un proyecto de inversión de lo recaudado con el estacionamiento tarifado en beneficio de la ciudadanía, más todavía cuando el objetivo es ordenar el tránsito y sigue siendo un caos total, expresan.
Los representes de las organizaciones adjuntaron a la solicitud presentada a la Contraloría General de la República (CGR) el pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública número 07/2016, contrato de concesión número 01/2017 y las dos notas presentadas a la Municipalidad de San Lorenzo solicitando toda la documentación sobre el proceso de licitación y concesión. También una constancia certificada vía escribanía y fotografías de la dirección que declara la empresa en el convenio firmado con la comuna.