Hace 19 días, nueve días antes del inicio del año lectivo 2018, iniciamos una serie de publicaciones reportes de nuestros corresponsales distribuidos en los 17 departamentos sobre la situación de la infraestructura de las escuelas y colegios públicos de nuestro país. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a través del director de Infraestructura, arquitecto Juan Fariña, reconoció las graves falencias que se viene arrastrando desde hace décadas.
El funcionario planteó que el Estado invierta 1.000 millones de dólares (unos G. 5 billones 450.000 al cambio actual del dólar al guaraní) para solucionar todos los problemas del sector. Con dichos fondos se podrían construir escuelas y colegios modelos de primer mundo, señaló.
Otra alternativa es invertir unos 500 millones de dólares para implementar soluciones más adecuadas a la realidad de un país en desarrollo.
Entre 2012 y 2017 los intendentes y gobernadores de nuestro país tuvieron a disposición más de 1 billón de guaraníes para invertir exclusivamente en refacciones y construcciones nuevas en escuelas y colegios públicos de nuestro país. Sin embargo, según un informe del MEC, el 44% de las instituciones se encuentra en muy malas condiciones.
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Existen construcciones inconclusas y abandonadas, sobrefacturadas, otras de pésima calidad que se derrumban, entre varias deficiencias más. Pese a las pruebas del mal uso del dinero el Ministerio de Hacienda no cierra la “canilla” del Fonacide porque en los papeles “todo está bien”.
El MEC se limita a aprobar los proyectos de obras en los locales educativos y no controla si llegan a terminar o la calidad de los trabajos para poder informar al Ministerio de Hacienda. La Contraloría General de la República (CGR) no cumple su función, por lo tanto el Ministerio Público no tiene denuncias documentadas y ningún gobernador ni intendente fue condenado con cárcel por mal uso de los recursos públicos y exponer al peligro a los estudiantes.
En la mayoría de los casos, las asociaciones de padres de alumnos y los directores de las escuelas tampoco salvaguardan el buen uso de los recursos para que los niños y jóvenes reciban educación en aulas adecuadas, cómodas y seguras.
Mientras persista ese desinterés de las comunidades educativas (directores, docentes, padres y alumnos), el descontrol y la impunidad la situación de las escuelas y colegios no cambiará ni con los G. 5 billones que el MEC plantea destinar al sector.