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“Estamos en pie de guerra acompañando a nuestros hermanos indígenas que son víctimas de un atropello”, refirió una vecina de la zona, quien se sumó al contingente de personas que desde el domingo de noche instaló un campamento en el único camino de entrada y salida del asentamiento, para evitar el ingreso de maquinarias agrícolas al sitio y que el político y empresario Plinio Pereira (ANR), ex gobernador de Itapúa que en 2006 fue imputado por lesión de confianza y exacción, coseche un cultivo de soja que reclama como suyo.
Los pobladores tienen el acompañamiento y el apoyo de las autoridades comunales. En ese sentido, la intendenta local, Gladis Rivarola (PLRA), encabezó un grupo integrado por pobladores, concejales municipales y departamentales que ayer de mañana llegó al Palacio de López a plantear dicha problemática al presidente Mario Abdo Benítez.
El conflicto entre el citado político y los aborígenes se remonta ya a varios años. Pereira se declara dueño de una fracción de 448 hectáreas de tierra, que le fuera cedida por un supuesto propietario: Antoliano Sánchez. En noviembre último, acompañado de un contingente policial, Pereira ingresó al asentamiento indígena para sembrar soja, con el apoyo económico del empresario Javier Zavala.
El problema se agudizó el miércoles último, cuando la policía impidió el ingreso al predio a un grupo de vecinos que apoya a los nativos, a cuyo frente se encuentra otro cultivador de soja, César Núñez, quien tendría plantadas 240 hectáreas en el mismo sitio reclamado por Pereira.
Ahora el problema es quién cosechará la soja y la tensión sube de tono a medida que transcurre el tiempo, debido a que se puede perder el producto si esto no se resuelve.
El cacique de la comunidad, Heriberto Fernández, dice que la soja pertenece a su comunidad porque fue cultivada en asociación con Núñez. Acusó a Pereira de pretender adueñarse de plantación ajena con apoyo de la Policía Nacional.
El problema de las tierras en Makutinga, que los nativos definen como un asentamiento ancestral, viene de hace mucho tiempo. El predio tiene 763 hectáreas y estaría inscripto a nombre del Instituto Nacional del Indígena (Indi) en la Dirección General de Registros Públicos como finca Nro. 632, del distrito de San Rafael del Paraná, bajo el N° 1, Sección 1, en fecha 15 de marzo de 1995.
Sin embargo, las tierras o parte de ellas, son reclamadas como propias por una persona identificada como Antoliano Sánchez. El conflicto legal ya lleva más de 15 años sin resolverse.
Sánchez, a su vez, cedió sus derechos sobre el inmueble en favor de Plinio Pereira y este acto jurídico fue homologado el 28 de febrero de 2018, por A.I. Nro. 1117/2017/01, dictado por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Encarnación, según informó, en su momento, el abogado de Pereira, Sergio Patiño.
En noviembre del año pasado, Plinio Pereira, asociado con el empresario Javier Zavala como financista, con una custodia de más de 50 efectivos policiales, sembró soja en una fracción de unas 448 hectáreas que reclama.