FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). Indígenas guaraní ñandéva y ayoreos agrupados en esta ciudad desde hace días cierran la ruta Transchaco a la altura del Km 522 y de la picada 500. Los nativos afirman que el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, vendió una propiedad ubicada dentro de su territorio en complicidad con el director del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luis Ortigoza.
Exigen que se restituyan 25.000 hectáreas a la comunidad Cuyabia y seguridad jurídica para propiedades como Syrakua, Segunda Trinchera, Loma y otras.
Una comitiva del Indi, encabezada por su titular, Rubén Quesnel, se presentó ayer en esta ciudad con la intención de reunirse con los líderes de los nativos. La delegación también estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam), Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), entre otras entidades.
En la reunión solo estuvieron el gobernador de Boquerón, Wálter Stoeckl (PLRA), el diputado Orlando Penner y Unine Cutamurajai de la comunidad Cuyabia, único líder que dejó la manifestación en Mariscal Estigarribia para encontrarse con el presidente del Indi. Quesnel se negó a trasladarse hasta el lugar de la movilización de los nativos para conversar con ellos.
Indicó que el actual gobierno entregó 22 títulos en solo siete meses y se pregunto: “¿Cómo yo voy a ir entonces a vender tierras indígenas?”.
Explicó que el Indi adquirió en 1996 las 25.000 hectáreas a favor de los guaraní ñandéva, que no ocuparon las tierras. Añadió que poco a poco aparecieron otros interesados, saqueando palo santo, alambrando y presentando títulos de propiedad.
Para regularizar la situación, el Indi se allanó a una demanda condicionada, recibiendo de Julia Vargas G. 1.250 millones (mismo monto que había invertido en la compra de las tierras) a cambio de una transferencia del inmueble a favor de la mujer el año pasado.
Se regularizó, perdiendo el terreno, pero no el dinero, según afirmaron los representantes de las distintas instituciones. Pero, el litigio sigue para definir quién es el verdadero dueño de las tierras, entre siete interesados.
Quesnel explicó que una vez definida la demanda –que puede darse en muchos años y si resulta negativa para los intereses de los nativos– el Indi tiene el dinero para comprar las tierras “otra vez” del nuevo dueño a favor de los indígenas. Aseguró que mientras tanto nadie será desalojado.