El crimen ocurrió alrededor de las 12:30 del 18 de agosto sobre el curso del arroyo Tajay, dentro de la reserva natural Tapytã del distrito de San Juan Nepomuceno, administrada por la Fundación Moisés Bertoni. Resultaron víctimas los guardaparques Rumildo Toledo González (36) y Artemio Villalba (51).
Toledo González falleció en el lugar del hecho, mientras Villalba pereció el 1 de setiembre. De acuerdo a la denuncia, los responsables del homicidio son nueve cazadores furtivos, entre los cuales se encuentran dos docentes y un funcionario del Ministerio de Justicia de Caazapá.
La investigación del caso está a cargo de la fiscala de San Juan Nepomuceno, Gladys Jiménez, quien imputó a los hermanos Robert, Braulio y Ramón Alcaraz González, así como a Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos. Hugo y Robert son docentes con rubros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), González Sosa es funcionario del Ministerio de Justicia y González Britos es baqueano de la zona de la reserva.
Los familiares de los fallecidos y pobladores de la zona no confían en la fiscala Jiménez por los errores en el procedimiento, que respondería a presiones del gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón. Afirmaron que les dio cinco días de tiempo a los imputados para fugarse y que incluso los docentes y el funcionario del Ministerio de Justicia ya habrían huido a Buenos Aires, Argentina.
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Según los pobladores de la zona de la reserva, llamativamente la fiscalía dejó fuera del expediente a Humberto Perdomo, quien es hermano del administrador de la Gobernación de Caazapá, Víctor Perdomo. Las identidades de las otras tres personas que estuvieron en el grupo de cazadores furtivos se desconocen.
Investigación
Los pobladores acompañaron la investigación del caso, realizando averiguaciones en la zona del crimen. Según los pobladores de la zona, las nueve personas llegaron en un automóvil rojo y una furgoneta gris, que dejaron en el predio de la vivienda de una familia lugareña.
Tras el doble crimen llegaron presurosos, pidieron prestado el teléfono de los dueños de casa y uno de ellos usó para hacer una llamada. Salieron del lugar luego de la conversación vía telefónica, según el relato de los pobladores.
El baqueano les habría comentado a sus conocidos que los cazadores furtivos dijeron que fueron enviados por el gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón (colorado cartista), hermano del exfiscal Javier Díaz Verón, porque tenía ganas de comer carne de carpincho, una especie que abunda en la reserva Tapytã. Es más, habrían cargado combustible en un servicentro de la ciudad de Caazapá utilizando vales de combustible de la administración departamental. Los documentos ya habrían desaparecido, pero la estación de servicio tiene cámaras de circuito cerrado de seguridad, que la fiscala Jiménez debe solicitar, explicaron.
Autopsia
Un punto que llama la atención de los denunciantes es que el procedimiento fiscal del 18 de agosto se hizo con un médico general, cuando la fiscalía de San Juan Nepomuceno tiene dos médicos forenses. Es más, siempre según los denunciantes, el cuerpo de Rumildo Toledo González debió ser sometido a una nueva autopsia a pedido de los familiares, porque el primer diagnóstico determinó como causa de muerte asfixia.
Ayer intentamos hablar con la fiscala Jiménez y el gobernador Díaz Verón, pero no contestaron nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que deseen brindar su versión.
En una entrevista telefónica con nuestro corresponsal de la zona hace unos días, Díaz Verón negó vinculación con el hecho. Dijo que los sospechosos son conocidos suyos, pero que no protege ni apañará a nadie.