Viviendas invadidas en CDE serán entregadas a adjudicatarios, dicen

La ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, aseguró que las viviendas invadidas por adherentes del “Clan Zacarías” en el Km 10 Acaray de Ciudad del Este serán entregadas a los adjudicatarios. Una de las afectadas relató su caso.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/4DEME5M645DJNLVRLIK6U53FNM.jpg

Cargando...

“Estamos tomando todas las medidas. La institución no va a permitir ninguna invasión”, dijo ayer la ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), en contacto con ABC Cardinal. Fue al referirse al conjunto habitacional ya adjudicado a 150 familias y fue invadido hace ocho días.

En 2012, la Senavitat inició la construcción de 150 casas en un inmueble privado, propiedad de Joaquín Idalín Paiva ubicado en el Km. 10 Acaray de Ciudad del Este. Las obras quedaron paralizadas luego de la muerte del dueño del terreno y, actualmente, está en proceso la sucesión.

Entre la noche del viernes 16 y la madrugada del sábado 17 de setiembre, un grupo de presuntos adherentes del “Clan Zacarías” ingresaron a las casas inconclusas. Supuestamente fueron alentadas por la asesora adjunta de la Municipalidad de Ciudad del Este, Aída Molinas.

La Comuna es administrada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, esposa del asesor del presidente Horacio Cartes y líder del grupo político familiar, Javier Zacarías Irún.

Aída Molinas es exempleada doméstica de McLeod de Zacarías y Javier Zacarías Irún. Actualmente, además de asesora adjunta de la Comuna, es presidenta de la seccional colorada 14 y precandidata a diputada suplente de Justo Zacarías Irún, hermano de Javier y actual gobernador de Alto Paraná.

Tras las invasión, el abogado Mauro Barreto, en representación de los herederos de Joaquín Idalín Paiva, denunció en la unidad del fiscal de Ciudad del Este, Julio Yegros, a Sandra McLeod, Javier Zacarías Irún y Aída Molinas.

“Lamentablemente, esto ocurre en momento de crisis política. No es la única invasión que tenemos; en todos los casos tenemos una única línea: la de defender el patrimonio público”, manifestó. Dijo que la obra en cuestión es “bastante conflictiva”, pues atravesó por numerosas cuestiones jurídicas y legales.

Sobre el rumor de que el propio presidente de la República, Horacio Cartes, estaría respaldando la invasión, la ministra Soledad Núñez manifestó: “Yo te aseguro que el presidente Cartes no está avalando ninguna ocupación”.

“Ningún interés particular estará sobre el interés general”, agregó.

Igualmente, aseguró que la denuncia está hecha y que la Fiscalía tendrá que imputar a los ocupantes ilegales por invasión. “Están haciendo mejoras, pero no servirá de nada. De todas formas, las personas imputadas no pueden ser adjudicatarias”, subrayó finalmente la titular de Senavitat.

Autoridades no responden

Amada Velázquez, una de las adjudicadas con las casas ocupadas en Ciudad del Este por la Senavitat, advirtió que la falta de respuesta de las autoridades los podría empujar a “desalojar” a los invasores.

Según relató a ABC Cardinal, en 2011 solicitaron acceder a una de las viviendas que ofrecía la Senavitat en la zona de Acaray. Su marido, el suboficial de Policía Juan Gabriel Godoy, murió en servicio en junio de 2011 cuando ella estaba embarazada, por lo que el Gobierno, a modo de indemnización, le adjudicó directamente la vivienda.

“Pasaron los meses, hice entrega del pago inicial y poco después se paralizaron las construcciones”, comentó. Tras esto, habló con sucesivos ministros del Interior y de la Senavitat para regularizar la situación, pero solo recibía promesas.

“En cada vivienda hay un vehículo, todos haciendo mejoras. Son gente que no necesita. Tienen respaldo político, por eso no tienen miedo al desalojo”, dijo.

Tanto ella como el resto de los adjudicados reclaman una solución al conflicto. “Parece que nos van a obligar a desalojarlos. No hace falta que tengamos que llegar a hacer eso”, advirtió.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...