WASHINGTON (EFE). Diversas organizaciones humanitarias estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas.
La comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha observado “un incremento de los actos de violencia y represión” en las últimas semanas con el objetivo de “disuadir las manifestaciones” en Nicaragua.
La CIDH denuncia la “persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social” contra Ortega, cuyo gobierno declaró el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones que no cuenten con el permiso de la Policía.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estallaron hace seis meses por unas fallidas reformas a la seguridad social que se convirtieron rápidamente en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
Informe de Amnistía
MADRID (EFE). Amnistía Internacional (AI) denunció violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las “más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta”, y también, en muchas ocasiones, “bajo su orden y control”.
Consta así en el informe “Sembrando el terror”, presentado en Madrid y que documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.
“El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas”, indica AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.