En una charla con Efe en Buenos Aires, García, abogado de 55 años y director nacional del ramo desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en diciembre de 2015, analizó una situación que en las últimas semanas ha acaparado cientos de titulares y hasta ha generado roces con países como Paraguay y Bolivia.
”No nos interesa de dónde vienen los que hacen acciones atravesadas con el derecho. Lo que nos interesa son los hechos en sí mismos ”, cuenta vehemente tras ser consultado por unas afirmaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las que vinculaba la emigración peruana, paraguaya y boliviana con el aumento del narcotráfico, que sembraron la controversia.
Tampoco se quedó atrás el revuelo causado por el diputado conservador de la oposición Alfredo Olmedo, que se mostró a favor de construir un muro en la frontera con Bolivia.
“Algunos creen que son soluciones y pasan a ser parte de un esquema con el que nosotros no estamos de acuerdo, porque no tiene racionalidad. Avancemos con cosas lógicas”, aseveró García.
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El Gobierno de Evo Morales llegó a asemejar los dichos vertidos en Argentina con el “discurso xenofóbico” de Donald Trump en Estados Unidos, y mandó una comisión de autoridades para conocer de primera mano si los cambios migratorios son discriminatorios para los extranjeros y reunirse con miembros del Ejecutivo de Macri, desde el que niegan reiteradamente que exista discriminación alguna.
A través de un decreto y para luchar contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico –en buena parte atribuido a inmigrantes–, Argentina aprobó la semana pasada endurecer los controles para prohibir la entrada al país de quienes han cometido delitos graves y acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen en su territorio.
Sobre esas personas, explica el jefe de Migraciones, “hay que poner un ojo especial” , pero al resto “ abrirles las puertas” y decirles que se sumen “al esfuerzo nacional” y el “hacer grande un país que tiene una tradición migrante superlativa, quizá la más importante de América” .
Argentina, que firmó su independencia de la Corona de España en 1816, se vio marcada en los siglos XIX y XX y para siempre por la migración, principalmente italiana y española. En 2016 Argentina dio documentación a 215.000 personas que desearon radicarse en el país.
“Esto (los cambios) no avanzan sobre la política migratoria, sino sobre la seguridad de los argentinos”, aclaró García, al tiempo que subrayó que aunque antes del decreto no podían ingresar al país quienes tenían condenas y delitos graves, “a veces ingresaban”. “Faltaba información. Tenemos que trabajar en la información”, sentenció.
Para ello ya se firmó un convenio por el que en marzo las empresas aéreas y de cruceros deberán informar del listado de pasajeros de forma anticipada para conocer si son requeridos por la Justicia; unos datos que se sumarán a otros como los proporcionados por la policía internacional (Interpol) .
“En la base de datos hay cargadas desde restricciones rojas –de detención inmediata– hasta problemas de índole familiar –como cuando no se cumple la cuota alimentaria–”, indicó García.
Entre las causas que impedirán el ingreso de extranjeros está el tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de personas, droga, órganos, lavado de dinero, terrorismo y delitos de lesa humanidad.
“Vamos a tener la amplitud para determinar con lógica y equilibrio qué personas pueden ingresar y a quienes les vamos a tener que decir que no”, aclaró.
Es ahí donde llega la labor conjunta internacional, en especial de los países latinoamericanos en su conjunto.
“Les proponemos ofrecerles información para que ellos también nos la den. Estamos armando un sistema que tiene que ver con la seguridad. Para eso necesitamos un accionar inteligente, mancomunado, de cooperación internacional y trabajo interno del Estado”, concretó García. Esta semana, el jefe de Migraciones, además de mantener un encuentro con las autoridades bolivianas, que calificó como “muy agradable”, integró una reunión con los embajadores en Buenos Aires de buena parte de los países sudamericanos, en la que se manifestó la voluntad de trabajar en conjunto.