Explicó que los cambios que prepara el Ejecutivo para endurecer la política migratoria tiene como objetivo frenar la criminalidad en el país y advirtió que “toda persona extranjera que cometa delitos va a tener un trámite rápido de expulsión”.
Según la titular de Seguridad, a Argentina llegan “peruanos y paraguayos que terminan matando por el control de la droga”, por lo que centró el objetivo de su cartera en reducir “la concentración de extranjeros que comenten delitos de narcotráfico”.
Además, explicó que su ministerio trabaja por sofisticar los controles migratorios por tierra del norte del país, como la triple frontera de la provincia de Misiones, donde coinciden los límites de Paraguay, Brasil y Argentina, o La Quiaca, en la provincia de Jujuy, que separa el país austral de Bolivia.
Aclaró que se puede distinguir a los extranjeros que llegan “a trabajar” de los que ingresan “para cometer delitos”.
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En declaraciones a la radio argentina La Red, reproducida también por el periódico digital argentino Infobae, la funcionaria dijo que es necesario “ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú”, porque –señaló– el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros.
Población penal
El diario argentino publicó además que entre las medidas a ser implementadas por el Gobierno de Macri está “abordar el foco de la problemática, las zonas de paraguayos o peruanos, según advierten en el Ejecutivo, que se insertan en los asentamientos o villas.
Datos de la Dirección de Migraciones de Argentina refieren que la población penitenciaria extranjera entre el 2002 y 2015, pasó de 2.183 a 4.307; de los cuales 1.400 son de Paraguay, 782 de Perú, 731 de Bolivia, 350 de Chile, 330 de Uruguay, 267 de Colombia y 447 de otras nacionalidades.
Los principales movimientos migratorios entre Paraguay y Argentina se registran en el paso Encarnación-Posadas; Nanawa-Clorinda; y Puerto Falcón-Clorinda (Puente San Ignacio de Loyola), y el aeropuerto de Ezeiza.