La medida se extenderá también a abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, entre otros. También autoriza a portar armas a “residentes en áreas rurales”, “agentes de la administración penitencia” y dueños de clubes de tiro o vendedores de armamentos.
El decreto firmado por el gobernante libera la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas, aunque solo después de que las operaciones sean aprobadas por el Comando del Ejército, que junto con la Policía Federal estará a cargo de la fiscalización de todo lo relativo a los permisos.
Para tener derecho al porte, los brasileños deberán presentar una “declaración de efectiva necesidad”, tener mínimo 25 años de edad, carecer de antecedentes penales y comprobar “idoneidad moral”, “sicológica” y “capacidad técnica” para el uso de armamentos.
El decreto complementa otro de enero pasado, que flexibilizó las exigencias para la venta de armas a civiles, una de las promesas de campaña de Bolsonaro. En Brasil se registran cada año unas 60.000 muertes por violencia.