BRASILIA (EFE). En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en que si fuera desalojada del poder “se habrá presenciado una elección indirecta”, en las que los 81 senadores “sustituyan a los 110 millones de votantes” que tiene Brasil.
El juicio político está en sus tramos finales y el Senado deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la presidenta este mismo martes o a más tardar mañana, según las previsiones de la propia cámara legislativa.
Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, seguirá en el poder su antiguo vicepresidente, Michel Temer, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo en forma interina pero completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
“Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un golpe de Estado y también frente a una elección indirecta”, dijo Rousseff.
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Según Dilma, una elección “indirecta supone un retroceso en relación a prácticas que el país ha superado tras la dictadura” que gobernó entre 1964 y 1985 y representaría “un pacto político sin el consentimiento de la población”.
“Defiendo que, en ese caso, el único pacto posible sea tejido con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobren una elección directa anticipada y una reforma política, pues no es posible gobernar con 35 partidos, como tiene hoy el país”, declaró.
Rousseff reiteró así una propuesta que presentó hace quince días, cuando se comprometió a que, si fuera absuelta y recuperase el poder del que fue suspendida el 12 de mayo pasado, promoverá un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018 y para que la sociedad brasileña se manifieste sobre una reforma política.