Con un lenguaje directo y alejado de lo “políticamente correcto”, João Doria, mandatario de São Paulo, y Wilson Witzel, el juez que gobierna en Río de Janeiro desde enero, han prometido no dar tregua a los “bandidos” durante su gestión.

“Si el bandido reacciona, no va a la comisaría o a la prisión. Va al cementerio”, ha reiterado Doria.

“La Policía va a disparar para matar”, dijo durante la campaña electoral, en un discurso similar al empleado por el gobernador de Río de Janeiro, quien también pretende combatir con firmeza la escalada de la violencia que asfixia el estado más emblemático del país.

La guerra entre grupos criminales rivales y grupos parapoliciales y la violencia policial han sumido a Río de Janeiro en una grave crisis de seguridad pública que tan solo en 2017 dejó 6.731 muertos, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Para combatir la delincuencia, el exjuez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), defiende que los francotiradores de élite de la Policía maten a criminales que porten fusiles en las favelas.

La lucha contra la criminalidad se ha convertido en la bandera que ha aupado al poder a varios gobernadores de Brasil y al propio Bolsonaro, quien esta semana cumplió una de sus principales promesas de campaña al firmar un decreto que facilita la compra de armas en Brasil.

El objetivo de la medida, según resaltó, es “iniciar el proceso para asegurar el derecho inviolable a la legítima defensa” en el país, que en 2017 registró un récord de 63.880 homicidios.