La oposición mantiene que la candidatura de Morales es ilegítima, recordando que los bolivianos rechazaron en un referendo en 2016 reformar la Constitución para que el presidente se postulara por cuarta vez. Pero un fallo de noviembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC) desestimó ese resultado y habilitó al mandatario a ir a una nueva postulación aduciendo que se trata de un derecho humano. 

La estrategia de los opositores bolivianos implica solicitar en primera instancia a la Organización de Estados Americanos la aplicación al país de la Carta Democrática Interamericana, porque “está vulnerando la Carta” respecto “a la independencia y coordinación de poderes”, según Mesa. 

Un segundo paso será la demanda a la Corte IDH para la interpretación del Pacto de San José, referido al derecho de los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos, un argumento que el oficialismo boliviano usó a fines de 2017 para pedir a la justicia que habilite a Morales a postularse otra vez, pese a que un referendo le negó esa posibilidad un año antes. 

Para el expresidente (2003-2005) y principal rival de Morales, la posición de la Corte es clave, pues él cree que le puede permitir al Grupo de Lima actuar en el caso de Bolivia, por la repostulación “ilegal” del mandatario boliviano, como lo hizo en la crisis política venezolana. 

Aún sin fechas para esas dos acciones, Mesa señaló que se hará un trabajo coordinado entre distintos sectores políticos y civiles de la oposición. Las elecciones bolivianas están citadas para el 27 de octubre. 

Mesa figura primero en las últimas encuestas del diario Página Siete, con una intención de voto del 34%, frente al 29% de Morales, en el poder desde 2006.