Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, el Gobierno de Xi Jinping emprendió una agresiva campaña con detenciones arbitrarias y adoctrinamiento político contra musulmanes, que sufren “lavado de cerebro”, torturas y muertes bajo custodia, según Amnistía Internacional.
Ante la ONU, China había desmentido la existencia de estos campos que albergan a uigures y otras minorías de confesión musulmana.