BRASILIA (EFE). La situación llegó a su punto crítico cuando la semana pasada un juez ordenó una operación en plena sede del Senado, en la que fueron revisados los gabinetes de cinco parlamentarios e incautados varios ordenadores y numerosos documentos que llenaron doce maletas.
Aunque los efectos de esa operación fueron suspendidos ayer por un juez del Supremo Tribunal, que decidió que la corte analizará la legalidad de esa acción, el malestar por la intervención continuaba.
En esa operación realizada por agentes federales fueron detenidos cuatro miembros de la Policía asignada al Legislativo, y entre ellos el jefe de ese organismo interno, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, hombre de la mayor confianza de Renán Calheiros, presidente del Senado.
La acción judicial se produjo por la acusación de que esos cuatro agentes intentaron “obstaculizar” las investigaciones contra parlamentarios salpicados por el megaesquema de corrupción montado en la estatal petrolera Petrobras, caso conocido como el Petrolão.
Calheiros, investigado en once causas, incluida una que lo vincula a las corruptelas en Petrobras, reaccionó frente a esa acción y criticó en muy duros términos al Poder Judicial.
“Un juececito de primera instancia no puede, en ningún momento, atentar contra uno de los poderes de la Nación”, declaró Calheiros.
La respuesta del Poder Judicial la dio la propia presidenta de la Corte Suprema, Carmen Antunes, quien exigió “respeto” a los tribunales y afirmó en un acto público que “cuando un juez es agredido, cada juez es agredido”.
Todos comprometidos
Esa trama salpica a dirigentes de casi todo el arco político y en especial a los partidos de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el actual presidente, Michel Temer y tiene entre sus principales referentes a Renán Calheiros.
Temer ha intentado mediar entre Antunes y Calheiros y ha propuesto una reunión entre los tres, que hasta ahora no ha podido concretar.
El Ejecutivo, entre el Legislativo y el Judicial
Fuentes del Gobierno admitieron que el asunto le ha causado a Temer un “doble dolor de cabeza”.
Por un lado, le preocupa que la reacción de Calheiros genere la sensación de que el partido oficialista PMDB busca frenar la investigación en Petrobras; y por otro, que ese conflicto dificulte la aprobación en el Senado de algunas medidas de un ajuste fiscal que considera claves para atajar la crisis económica del país.
Pese a sus intentos por ponerle coto al malestar, en los últimos días Antunes y Calheiros han dado algunos pasos que los ponen en un claro rumbo de colisión.
Definición de límites
Calheiros envió un oficio al Supremo en el que exigió que ese tribunal constitucional defina “claramente” los límites y competencias de cada uno de los tres Poderes de la Nación.
También anunció que reactivará un proyecto de ley que reposa desde hace dos décadas en el Senado y altera normas para la jubilación de los jueces, así como propondrá una nueva ley, que defina penas más duras para “abusos de autoridades”, en especial del Poder Judicial y los organismos policiales.
La presidenta del Tribunal Supremo no se quedó atrás y le dio una vuelta de rosca al caso, al decidir que la próxima semana la Corte decidirá si un político que se transforme en acusado del Poder Judicial puede o no ocupar un cargo que entra en la línea sucesoria presidencial.
Según la Constitución brasileña, en ausencia del jefe de Estado, en la línea sucesoria sigue el vicepresidente, un cargo vacante luego de que Temer, que era vicepresidente de Dilma Rousseff, asumiera la presidencia, tras la destitución de esta, hace dos meses.
Luego siguen el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, por lo que si la Corte decide que un reo de la justicia no puede estar en esa línea, Calheiros se vería obligado a dejar el cargo si el Supremo hace lugar a las denuncias que pesan en su contra.