BARCELONA (Reuters, AFP, EFE). La consulta ha sumido a España en una crisis institucional y ha profundizado las tensiones entre Madrid y Barcelona.
Desde 2012 los dirigentes catalanes reclaman un referendo sobre la independencia de esta región, cuyos ciudadanos están divididos sobre la secesión, pero apoyan ampliamente un escrutinio acordado con Madrid.
El presidente del gobierno regional, el independentista Carles Puigdemont, declaró ayer que los catalanes “han ganado el derecho a ser escuchados y reconocidos, y nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente en forma de República”.
“El Gobierno que presido trasladará en los próximos días al Parlament la expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy (por ayer) para que todo se desarrolle según está previsto en la ley del referendo”, agregó.
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La ley del referendo, considerado inconstitucional por el gobierno central por no adecuarse al marco legal español, prevé una declaración unilateral de independencia por el parlamento regional de Cataluña si una mayoría vota “sí” para abandonar España.
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, descartó la independencia y convocó al diálogo sobre el futuro de la región a todos los partidos.
Participación
El gobierno regional aseguró que 2,26 millones de personas votaron ayer y que un 90% de los sufragios estaba a favor de la secesión.
Esto representa una participación de alrededor del 42,3% de los 5,34 millones de votantes de Cataluña.
La pregunta fue: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?
Durante la jornada de votaciones, en las calles de Cataluña –una potencia industrial y turística que representa un quinto de la economía española– estalló la violencia luego de que la policía nacional irrumpiera en los locales de votación con cachiporras, disparando balas de goma a la multitud y sacando a la fuerza a posibles votantes. La acción generó críticas tanto a nivel local como en el exterior.
La crisis económica en España y las críticas sobre el sistema de reparto del dinero público entre la región y el Estado llevaron la causa del independentismo al debate político en Cataluña.
El gobierno catalán se queja de “expolio fiscal”, pero según los expertos, el déficit fiscal de Cataluña es el reflejo de que es un territorio más rico.
Cataluña aporta un 18,7% al Producto Interno Bruto (PIB) de España. Frente a lo aportado, ha recibido un 15% de inversiones, según datos oficiales. Sin embargo, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, asegura que la región contribuye con un 24% y solo recibe un 9%.
“Parlament” y la Constitución de 1978
La Constitución 1978 reconoce la diversidad cultural del país y concede un autogobierno a comunidades históricas como Cataluña, que recuperó su propio gobierno (Generalitat), su parlamento (Parlament) y su policía integral (Mossos d’Esquadra).
En noviembre de 2014, Cataluña celebró un referendo simbólico de independencia, pero hubo escasa participación. En septiembre de 2015, los partidos separatistas se unieron para obtener la mayoría absoluta en el Parlament y aprobaron lanzar el proceso de secesión, anulada después por el Tribunal Constitucional de España por ir contra la Constitución de 1978, que restableció la democracia en el país tras la dictadura del general Francisco Franco.