La votación, que no estaba prevista en el orden del día, generó una gran controversia, pues desoyó la advertencia formulada el pasado 19 de julio por el Tribunal Constitucional de que tramitar este texto sería ilegal.

En él defienden que “la única manera posible” para que los catalanes decidan su futuro es “por la vía de la desconexión” de España. Justo después de su adopción, compareció la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría para denunciar la “reiterada vulneración de la legalidad constitucional y del derecho de todos los españoles” desde el parlamento catalán.