Cataluña mantiene referendo ilegal pese a las advertencias de España

Cataluña convocó hoy a un referendo secesionista, declarado ilegal por los tribunales. El gobierno de España se propuso impedir la consulta. Más de la mitad de los centros de votación fueron clausurados.

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MADRID (ANSA, EFE). Desde 2012 los dirigentes catalanes reclaman un referendo sobre la independencia de esta región, cuyos ciudadanos están divididos sobre la secesión, pero apoyan ampliamente un escrutinio acordado con el gobierno central.

La Constitución española de 1978 reconoce la diversidad cultural del país y concede un autogobierno muy amplio a comunidades históricas como Cataluña, que recuperó su propio gobierno (Generalitat), su parlamento (Parlament) y su policía integral (Mossos d’Esquadra).

España es el primer país en intensidad de su descentralización fiscal entre los años 1994 y 2004, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Uno de los principales argumentos de los catalanes para pedir la independencia es que Cataluña, motor económico del país, está peor financiada que la media de España.

Sin embargo, Cataluña está mejor financiada que otras regiones como Valencia y Murcia, y en niveles similares de Madrid y Andalucía.

Las regiones mejor financiadas de la península ibérica son País Vasco y Navarra.

El gobierno catalán siempre se quejó de “expolio fiscal”, pero según los expertos, el déficit fiscal de Cataluña es el reflejo de que es un territorio más rico. Además, en los últimos años los déficits fiscales por habitante de Madrid y Baleares superaron a los de Cataluña.

También, es habitual escuchar a “independentistas” quejarse de los subsidios que los agricultores andaluces reciben en los meses del año en los que no trabajan.

Cataluña aporta un 18,7% al Producto Interno Bruto (PIB) de España y su población representa el 15,9%.

Frente al 18,7% aportado, Cataluña ha recibido un 15% de inversiones, según datos oficiales. Sin embargo, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, asegura que Cataluña contribuye con un 24% y solo recibe un 9%.

Al gobierno catalán le gustaría contar con el sistema que rige en País Vasco y Navarra, donde recaudan sus impuestos y luego pagan al Estado una cantidad por los servicios que les presta.

Expertos concuerdan que existe una necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación para Cataluña y España, mucho más descentralizado.

Sus detractores lo rechazan porque terminaría con la solidaridad entre las regiones ricas y pobres, aplicado hasta ahora, pero que no ha funcionado correctamente, pues las más desfavorecidas no progresan lo suficiente.

La distancia entre las regiones más ricas y las más pobres apenas se movió en los últimos 35 años y estiman que tardará unas siete décadas en reducirse a la mitad.

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