RÍO DE JANEIRO (AFP). Las carreras de muchos de los políticos y empresarios más importantes del Brasil se vieron arruinadas por la “Lava Jato”, el mayor operativo anticorrupción de la historia del país, iniciada hace cinco años con una investigación sobre cambistas de dinero que operaban en un lavadero de autos (lava jato) de Brasilia.

Hasta ahora, hay 155 condenados, entre ellos, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), con sentencias que totalizan 2.242 años y 5 días de prisión por esta gigantesca operación que desveló una red de sobornos pagados por grandes constructoras locales a políticos de casi todos los partidos, para obtener contratos en la poderosa paraestatal Petrobras.

Cientos más fueron acusados y fueron recuperados unos 13.000 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares al cambio) en una operación que lleva ya 60 fases y que, según dijo la Fiscalía este mes, “está lejos de terminar”.

El escándalo se extendió a una docena de países.

Petrobras, una de las principales empresas de América Latina, se vio severamente dañada, así como la confianza de los ciudadanos en el sistema político.

El último peso pesado que cayó en sus redes es el expresidente Michel Temer (2016-2018), un veterano de la política, detenido preventivamente el jueves en São Paulo. Es acusado de liderar una operación criminal involucrada en corrupción, malversación y lavado de dinero, y fue trasladado a la sede la Policía Federal de Río de Janeiro.

A sus 78 años, este político curtido desde hace más de tres décadas en el oportunista partido MDB, tres veces presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de Dilma Rousseff (2011-2016), a quien reemplazó cuando la mandataria fue destituida por el Congreso.

Todos esos casos expusieron con crudeza las turbias conexiones entre negocios y poder político en Brasil.

Pero un reciente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) desató temores de que a partir de ahora será más difícil castigar a los políticos corruptos.

La máxima Corte decidió la semana pasada que crímenes como el de lavado de dinero deben ser juzgados por cortes electorales y no por las penales si están asociados a la financiación ilegal de campañas (llamada ‘Caja 2’).

“Como en Brasil todo político corrupto pide sobornos con el pretexto de usarlo en campañas (...), prácticamente todas las investigaciones de la Lava Jato irán a la Justicia Electoral”, que “históricamente no condena ni manda a nadie a la cárcel”, advirtió su colega Diogo Castor en el portal O Antagonista.