CARACAS (AFP, EFE). La Asamblea Nacional aprobó iniciar un “procedimiento” contra Maduro y ordenó a una comisión para estudiar “la responsabilidad” penal y política y “abandono del cargo”.
Debido a que la Constitución del país caribeño no contempla un juicio político, en el hemiciclo se acordó investigar lo relativo al presunto abandono del cargo en el que alegan que ha incurrido el presidente venezolano.
La comisión de alto nivel creada el domingo para “desarrollar y definir” lo expresado en los acuerdos del Parlamento será la encargada de analizar la responsabilidad política de Maduro.
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, explicó que el Parlamento tiene potestad para determinar responsabilidades políticas tras previa evaluación, pero no de desarrollar un juicio que conlleve a la destitución del Jefe de Estado lo que, afirmó, es competencia del Poder Judicial.
La próxima sesión de la Asamblea Nacional fue convocada para mañana.
El chavismo ha desestimado las decisiones que ha tomado el Poder Legislativo, alegando que la Asamblea Nacional es “inoficiosa” porque fue declarada “en desacato” por el Supremo Tribunal venezolano, el cual se ha declarado públicamente chavista.
Procedimiento de destitución
El proceso para destituir al Mandatario en Venezuela no depende del Poder Legislativo, sino que intervienen otros dos Poderes, de los cinco que la Constitución establece para el país.
Una comisión parlamentaria debe elevar al plenario su parecer sobre si existen méritos para la destitución.
El Parlamento en pleno vota la resolución. Si la aprueba, pasa al Poder Ciudadano (conformado por la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría).
Este Poder Ciudadano declara efectiva, o no, la acusación. En caso afirmativo, esta pasa al Poder Judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia estudia el caso y dicta veredicto. Si lo considera culpable, el gobernante es destituido.
En Venezuela, con excepción del Parlamento, todos los Poderes del Estado están en manos de funcionarios chavistas, por lo que una destitución de Maduro aparece inviable.
No obstante, la discusión del tema en el Congreso, y la convocatoria al gobernante para que declare ante el mismo, resulta en un gesto político de importancia.
Maduro convocó ayer, para hoy, a una reunión para “evaluar el golpe” del Parlamento, como lo califica su gobierno.
Resultó llamativo que ante la “urgencia” que debiera provocar un “golpe”, como denuncia el Ejecutivo, se convocó la reunión sin urgencia, y para hacer una “evaluación”, no para tomar acciones, como se supone que exige un “golpe de Estado”.