RÍO DE JANEIRO (AFP, EFE). El decreto de Bolsonaro autoriza a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas como medida contra la inseguridad.

El pedido judicial se enmarca en una acción promovida por el opositor Partido Sustentabilidad, según el cual el Gobierno no tiene potestad para “legislar por decreto” sobre una materia que compete exclusivamente al Parlamento.

La demanda también afirma que el decreto viola algunos artículos del llamado Estatuto del Desarme, un conjunto de leyes sancionado en 2003 que regula todo lo relativo a los armamentos y prohíbe el porte por parte de civiles.

Bolsonaro, que promueve el derecho de la sociedad a la autodefensa, declaró que en la redacción de ese decreto el Gobierno había llegado al “límite de la ley”, pero afirmó que todos sus artículos se ajustan a la Constitución.

Bolsonaro defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas.

Bolsonaro dijo al momento de sancionar el decreto que “la seguridad pública comienza dentro de casa” y que el Gobierno pretende garantizar “el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego lo pueda hacer”, siempre y cuando se atenga a los límites legales.

Brasil registró 64.000 homicidios en 2017, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes, cifra tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violencia endémica.

El decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5.000 municiones por año, dependiendo del tipo de arma, un gran salto en relación al límite anterior de apenas 50, así como poseer hasta cuatro armas de fuego, según el centro de análisis Instituto Igarape en Río de Janeiro.

Bolsonaro, cuya dura retórica sobre la delincuencia lo ayudó a salir electo el año pasado, ha hecho campaña durante mucho tiempo a favor de dar mayor libertad a la autodefensa con armas.

Los críticos argumentan que su decreto viola la Constitución porque crea una nueva ley, en lugar de modificar una existente.