MANAGUA (AFP). “A un año de la insurrección cívica y pacífica de abril volvemos a las calles. Debemos salir a manifestarnos porque un pueblo en las calles, es un dictador derrotado”, dijo la dirigente Wendy Juárez, al leer la convocatoria en rueda de prensa.
El líder juvenil Guillermo Incer, de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), anunció “una movilización cívica y pacífica el próximo miércoles” en Managua, como parte “de la jornada de conmemoración del primer año de resistencia”.
La jornada es promovida por la UNAB, integrada por más de 70 grupos de oposición que se unieron tras la represión gubernamental contra las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018, y que dejó 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.
“La marcha va o va, diga lo que diga la policía”, advirtió Wilfredo Navas, de la UNAB.
El régimen ha determinado que la Policía es la encargada de dar o no “permiso” para las protestas populares.
La coalición instó además a la población a participar en las actividades religiosas de Semana Santa “recordando a las víctimas y las causas por las cuales ofrendaron sus vidas”.
Los opositores demandan la salida de Ortega, de 73 años, quien gobierna desde hace 12 años, por la violencia y las muertes ocurridas en las protestas, a manos de policías y paramilitares armados por el régimen.
Acciones concretas
El derecho a la manifestación y la liberación de los manifestantes presos son parte de los compromisos que el gobierno asumió en el diálogo que sostuvo con la oposición entre el 27 de febrero y el 3 de abril.
Este viernes, la oposición exigió al gobierno “acciones concretas” en el cumplimiento de esos acuerdos.
“Quince días han pasado sin que los presos políticos hayan sido liberados, sin poder manifestarnos libremente y sin que los exiliados puedan regresar a su país con las garantías mínimas de seguridad”, denunció la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que participó en las negociaciones.
El gobierno, por su parte, sostuvo en un comunicado que “está comprometido con el responsable cumplimiento de todos los acuerdos logrados y que se logren en la mesa de negociación”.
“Basta ya de comunicados engañosos, exigimos acciones concretas del gobierno”, reclamó la Alianza, que también forma parte de la UNAB.
El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja en la conciliación de las listas de presos políticos, debido a que la alianza denuncia que unas 800 personas han sido detenidas por protestar, mientras que el gobierno habla de 350 personas.