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El jueves último Calheiros pasó a ser investigado por malversación de fondos públicos, por supuestamente recibir coimas de la constructora Mendes Júnior y tráfico de influencias.
Asumiría en su reemplazo Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el expresidente Lula da Silva.
El magistrado Marco Aurélio Mello argumentó que al estar procesado Calheiros no podía continuar en la presidencia del Senado porque se encuentra en la línea de sucesión presidencial.
Esta decisión se produjo en vísperas de que el Senado estudiara una polémica “ley anticorrupción”, que en verdad terminaba beneficiando a políticos procesados por esos casos.
El proyecto original fue modificado por los diputados e introdujeron un artículo para limitar la autoridad de fiscales y jueces en un intento por protegerse de los cargos de corrupción.
El presidente del Senado, ahora suspendido, pretendió la semana pasada convocar de urgencia a la Cámara Alta para aprobar la normativa, pero resultó infructuosa.
Esta decisión profundiza aun más el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso, generado por la operación “Lava Jato” que investiga el megafraude en la petrolera Petrobras y que tiene en la mira a toda la clase política.
Convulsión en la política
En los últimos dos años Brasil se ha visto sacudido por una avalancha de denuncias de corrupción contra empresarios y figuras políticas, entre ellos el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien está acusado de cobrar al menos 5 millones de dólares en sobornos vinculados a la estatal Petrobras.
Otro peso pesado de la política brasileña caído por las investigaciones del “Lava Jato” es Delcidio Amaral, exlíder de la bancada oficialista durante la administración del PT.
Se produjo la detención sin precedentes de Amaral, hombre de confianza de la presidenta Dilma Rousseff en el Senado.
Precisamente, las confesiones de Amaral a la Fiscalía terminaron vinculando al caso “Petrolão” a lo más alto del gobierno.