LIMA (AFP). El presidente de Perú, Martín Vizcarra impulsa una reforma política y judicial para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada constructura brasileña Odebrecht. 

Cinco proyectos de reforma política están asociados a la moción de confianza concedida por el Parlamento para que el Poder Ejecutivo peruano avance en su plan contra la impunidad y la corrupción. 

Estos planes contemplan que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes. 

Con esto pretenden evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de sus miembros. 

Además, regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros como impedir que quienes se encuentren condenados en primera instancia por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad mayor a 4 años, puedan ser candidatos al Congreso o a cualquier cargo popular. 

También, los condenados en primera instancia no podrán ser candidatos. 

Asimismo, eliminar el voto preferencial y garantizar la participación política de las mujeres. 

Vizcarra, que lleva 15 meses en el poder, gobierna con apoyo del peruano de a pie. 

Sometió a referéndum en diciembre cuatro reformas constitucionales, con amplio apoyo ciudadano, para combatir la corrupción en el sistema judicial y político, prohibir la reelección inmediata de los congresistas y reformar el órgano que designa a los jueces, Consejo de la Magistratura. 

En Perú, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede disolver el Congreso.

El actual Congreso ya le negó en 2017 la confianza a un gabinete por lo que un nuevo veto hubiera provocado que Vizcarra lo disuelva y convoque elecciones legislativas anticipadas.