Concretamente, la Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que la primera ministra Teresa May no tenía la autoridad para invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida de la Unión Europea (UE).

El tribunal empezará mañana cuatro días de audiencias, y su decisión se conocerá a principios de 2017.

Los británicos votaron a favor de romper con la UE por 52% a 48% en el referéndum del 23 de junio, pero la ley que validó el plebiscito no lo hacía legalmente vinculante, dejando la última decisión en manos del Gobierno o el Parlamento.

La primera ministra argumenta que, como jefa del Gobierno, tiene la autoridad constitucional en Relaciones Exteriores, incluyendo la potestad de retirarse de tratados internacionales.

Pero los demandantes sostienen que el “brexit” dejaría sin valor algunas leyes nacionales y despojaría a los ciudadanos de ciertos derechos –el del pasaporte comunitario, por ejemplo–, algo que solo el Parlamento puede autorizar.

Una complicación añadida para el Gobierno será la presencia en la causa, como partes, de los gobiernos regionales de Escocia y Gales, que esperan que sus Parlamentos también tengan que votar para activar la salida de la UE.

Un veredicto semejante podría provocar una crisis constitucional entre las diferentes partes constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).