LA HAYA y CARACAS (ANSA). También tratará de esclarecer los “graves abusos” contra los detenidos, informó ayer la institución a través de un comunicado.
El organismo internacional analizará las denuncias de abusos cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo (controlado por el chavismo) dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, donde el voto popular dio mayoría absoluta a las fuerzas antichavistas.
La espiral de violencia, básicamente por protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se toparon con duras represiones y enfrentamientos, desde abril a julio de 2017, dejó un saldo de 124 fallecidos, según la Fiscalía venezolana.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizaron 157 muertos durante esas manifestaciones, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Asimismo, miles de heridos y encarcelados.
Según el comunicado de la Fiscalía de la CPI, se investigará la “fuerza excesiva” utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”.
Tras conocerse la decisión de la CPI, Tarek William Saab, nombrado fiscal general del régimen chavista, sin seguir el procedimiento que la propia Constitución chavista establece, criticó esta investigación.
El funcionario habló en rueda de prensa de “información sesgada” por parte del organismo internacional y alegó que nadie se comunicó con el ministerio público chavista “para solicitar informes de los casos a los que hace referencia”.
En agosto del año pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), de la ONU, ya había acusado al régimen venezolano de aplicar “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población” con el objeto de frenar las protestas populares en su contra.
“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados, sino una política de Estado”, señaló un informe.
Según la investigación de la ACNUDH, por lo menos 46 de los fallecidos fueron manifestantes que murieron a manos de las “fuerzas de seguridad” y 27 fueron manifestantes abatidos por los grupos paramilitares chavistas, conocidos como “colectivos”.