Su instauración permitirá acelerar los procesos judiciales para los casos que están en manos de la Unidad Especial de Investigación (SIU, siglas en inglés) que actualmente se encarga de estudiar la corrupción en el aparato público sudafricano. 

“Acelerar estos asuntos a través del Tribunal Especial permitirá a la SIU recuperar fondos y activos perdidos por las instituciones estatales vía prácticas irregulares y corruptas”, señaló ayer la Presidencia sudafricana en un comunicado. 

“Así se asegura que los responsables de esas pérdidas de dinero o activos de los órganos estatales responden ante la justicia”, agrega el mensaje. 

La presidencia del Tribunal, integrado por 8 jueces, estará en manos de Gidfonia Mlindelwa Makhanya, con un mandato de tres años. La creación de este tribunal responde a las promesas de lucha contra la corrupción con las que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, ascendió al cargo hace un año tras la dimisión forzada de Jacob Zuma (2009-2018). 

Bajo el mando de este último se habían multiplicado los escándalos y la corrupción se había extendido como un mal endémico por todo el aparato público, incluido el Gobierno sudafricano y empresas estatales clave como la eléctrica Eskom. 

Uno de los casos más renombrados es el conocido como la “Captura del Estado”, una gigantesca trama de corrupción –actualmente en proceso de investigación– por la que, presuntamente, un clan de empresarios afines a Zuma (los Gupta) había llegado a tener prácticamente bajo su control el aparato público sudafricano, hasta el punto de definir el nombramiento y salida de ministros.