BUENOS AIRES (ANSA, EFE). Fernández de Kirchner, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015 por dos períodos, tras suceder en la presidencia a su marido, Néstor Kirchner, afronta una serie continuada de denuncias judiciales por presunta corrupción.
El posible procesamiento por “asociación ilícita” es llevado adelante por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes ven elementos de unión con otras causas en curso, que constituiría al matrimonio Kirchner como “eje central” de “una empresa criminal”, afirmó el diario Clarín.
Según los fiscales, el matrimonio Kirchner desviaba fondos públicos, especialmente de obras viales y de infraestructura, de modo “sistemático” para favorecer al contratista de obra pública Lázaro Báez, que funcionaba como testaferro, actualmente detenido y procesado.
Este dinero luego volvía a ellos por el pago de alquileres a su cadena hotelera Hotesur y por otras maniobras ilegales, según los acusadores.
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“Los expresidentes de la nación escogieron a la provincia de Santa Cruz (bastión político de los Kirchner) como la destinataria de las mayores inversiones en materia de obra pública vial en desmedro de las restantes, dotaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad de una importantísima cantidad de fondos para que se gastaran en ese concepto”, alegan los fiscales.
Además, “hicieron caso omiso a las recomendaciones y sugerencias de la AGN (Auditoría General de la Nación) en donde advertían sobre esta matriz de comportamiento, erigieron a su amigo personal como ‘empresario’”, añaden.
Para los fiscales, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido (para quien también piden indagatoria), y los funcionarios de su cartera “otorgaron permisos irregulares de obra a favor de las empresas de Lázaro Báez”.
Báez permanece detenido desde abril en el marco de otra causa por presunto lavado de dinero.