BUENOS AIRES (EFE, AFP, ANSA). El juez federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que “se encuentra acreditado” que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, principal testaferro de los Kirchner, ya desde los tiempos del esposo Néstor Kirchner, integraron una asociación “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
Procesados
Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 650 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido (también hombre de confianza desde los días de Néstor) y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido ‘in fraganti’ cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento, tirando maletines cargados de dinero por sobre el muro.
El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada Elisa Carrió, estudia un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez, en detrimento de las arcas del Estado.
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Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez (y por ende a los Kirchner).
“Perseguida política”
A su salida de los tribunales, cuando fue llamada a declarar por esta causa, el pasado octubre, Fernández reiteró, como ha hecho en múltiples ocasiones, que se siente víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático”.
El juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
Casos K
Existen diversas investigaciones por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y su principal entorno.
Entre las investigaciones más avanzadas y que documentalmente más comprometen a la exmandataria figuran, principalmente, dos.
Los Sauces. Una de las propiedades de la familia Kirchner, que supuestamente arrendaban a empresarios que eran beneficiarios de obras públicas, pero que nunca usaron dichos inmuebles, lo que presume que el pago era en retribución por las licitaciones otorgadas en beneficio de dichso empresarios.
Hotesur. En un esquema similar al de Los Sauces, empresarios figuraban como reservando habitaciones en el hotel de lujo de los Kirchner, pero nunca las utilizaron, presumiendo que la estratagema también era usada para blanquear el dinero de los sobornos.