La Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se hicieron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin consentimiento o sin ser debidamente informadas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de afectadas es muy alto.

Hace 15 años, un grupo de presuntas víctimas presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que se perpetró, en su mayoría, en perjuicio de mujeres pobres de zonas rurales y quechuahablantes, como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1990-2000).