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MANAGUA (EFE). “Continúan los asedios, las amenazas, incluso después de las 327 muertes que tenemos contadas, todavía hay personas que están apareciendo asesinadas, de las que participan en las protestas”, afirmó el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en rueda de prensa.
Carmona no brindó un número específico de nuevos asesinatos, debido a que están en proceso de investigación.
La CPDH puso como ejemplo de la continuidad de los asesinatos el tiroteo protagonizado por un paramilitar del régimen, que hace varias semanas disaparó contra un grupo de personas que protestaban contra el presidente Daniel Ortega, que no alcanzó a matar a nadie pero dejó varios heridos, y no fue arrestado a pesar de que un grupo de manifestantes lo entregó a las autoridades.
Al igual que la CPDH, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos reportó un incremento en el número de asesinatos por razones políticas.
De acuerdo con la ANPDH, el número de muertos en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua pasó de 561 el 11 de febrero pasado a 568 el 3 de abril.
Basado en esta información, Carmona afirmó que el Gobierno de Nicaragua, aunque ha firmado acuerdos con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para solucionar la crisis local, no tiene “voluntad política” para cumplir.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido el número de muertos en 325 desde el estallido social de abril de 2018. El régimen habla de 199.
Adicionalmente se cuentan entre 779 y 809 presos políticos, casi el doble de los que el Gobierno reconoce, y que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
“Reclutar” espías entre presos políticos
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció públicamente ayer que la Policía de Nicaragua utiliza métodos de coacción para obligar a presos políticos excarcelados a realizar espionaje para el Gobierno.
Representantes de la CPDH informaron que han documentado varios casos en lo que se demuestra que la Policía nicaragüense captura a presos políticos recién excarcelados (pero mantenidos en libertad condicional) para obligarlos a conseguir nombres y direcciones de personas que se oponen al Gobierno, a cambio de no asediarlos.
“Esa es la práctica actual que están utilizando, amenazándolos y diciendo que empiecen a (...) denunciar a sus compañeros”, dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.