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Según Memorial, un veterano movimiento de la sociedad civil que apoyó el estudio, el deterioro de la situación en Rusia queda en evidencia cuando se compara la cifra con los 46 prisioneros políticos que contabilizó en febrero de 2015.
El reporte, dirigido por Perseus Strategies –una firma de leyes enfocada en los DD.HH. con sede en Washington–, indicó que 236 personas pueden ser identificadas como prisioneros políticos, aunque la cifra podría ser “mucho más alta” cuando se incluyen casos que no pueden ser investigados rigurosamente.
El estudio sostiene que Rusia ha logrado encarcelar a opositores gracias a sus prohibiciones “notoriamente vagas” respecto a la represión del vandalismo y a sentimientos insultantes en materia religiosa.
Junto a la oposición política, las autoridades rusas apuntaron también a líderes religiosos y minorías étnicas, defensores de los derechos de los homosexuales y periodistas.
El exministro de justicia de Canadá Irwin Cotler, ahora responsable del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos (uno de los grupos encargados del estudio) , vio en Rusia la “criminalización de la vida diaria” y el castigo a líderes a través de una ley que pone en listas negras a “organizaciones indeseables”.