CARACAS (AFP). Se dictó “medida privativa de libertad” contra Ricardo Prieto y Carlos Varón, detenidos el pasado miércoles en la ciudad de Mérida, por “instigación al odio agravado”, denunció ayer Fernando Cermeño, representante de la ONG Foro Penal en la región.

La detención de Prieto, de 41 años, y Varón, de 45, se produjo luego de que en redes sociales circulara un video en el que llaman “presidente Maduro” a un burro arreado con una correa en una estación de bomberos de Mérida.

En la grabación se ve a una mujer vestida de bombero llevando a un burro con una correa al interior de una estación de bomberos.

El hombre que filma, supuestamente Prieto, llama al animal “presidente Maduro” y bromea afirmando que el mandatario está realizando una inspección en el lugar.

En el video, el burro se detiene a comer hierba en un patio y el hombre dice riendo: “Como podrán ver, él mismo está verificando cómo está la grama (...), es lo único bueno que tenemos aquí”.

Tras un breve recorrido, el relator alude a la pasividad del asno, y comenta sarcásticamente: “Será que le estamos pidiendo mucho”.

El Foro Penal indicó que la acusación se basa en la “Ley contra el Odio”, dictada a finales de 2017 por la “Asamblea Constituyente”, un órgano no legislativo, integrado solo por chavistas, que el régimen usa para dictar todo tipo de normas a su medida.

Dicha Asamblea no es reconocida por la comunidad internacional, que reprobó la forma en que fue conformada, a mediados de 2017.

La oposición denuncia el uso de esa “ley” como un instrumento para criminalizar la disidencia. 

La norma prevé penas de hasta 20 años de cárcel, la ilegalización de partidos políticos y el cierre de medios de comunicación.

Un hombre y una mujer que protestaban por la falta de comida fueron los primeros detenidos en aplicación de esa “ley”, en enero, según informó el Foro Penal.

Fueron arrestados en una pequeña manifestación que cerró una avenida en Valencia.

Los jerarcas gubernamentales no han hecho declaraciones sobre el caso de los bomberos, presentados en tribunales (autodeclarados chavistas) el fin de semana.

“La pena de cárcel como castigo a la libertad de expresión es desproporcionada e innecesaria, contraria a tratados internacionales de derechos humanos”, señaló sobre el caso la ONG Espacio Público.

El Foro Penal contabiliza cerca de 240 presos políticos en Venezuela.