BRASILIA (EFE). “Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa fragilidad jurídica y su impacto político”, dijo Rousseff junto a su abogado, José Eduardo Cardozo, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos estarán centrados en que, según su opinión, “no se respetó el derecho al debido proceso” en el Senado, y en la “ausencia de justa causa”.
En el primer caso, citó como presunto ejemplo de violaciones al derecho del debido proceso el hecho de que “varios senadores declararon su intención de condenar incluso antes de la fase de producción de pruebas”.
Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que “son solo un pretexto” y no constituyen los “presupuestos jurídicos” que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
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Los recursos que presentará la defensa de Rousseff se sumarán a una apelación entregada la víspera al Tribunal Supremo.
Esa apelación exige la anulación de la votación que condenó a Rousseff, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y atrasar depósitos que el Estado debía hacer en la banca pública, con el objetivo de maquillar las cuentas públicas, para disimular la mala situación en que se encontraba el país.
Los escándalos de corrupción en 13 años de gobierno del PT y la mala situación económica contibuyeron a que el pueblo apoye mayoritariamente la destitución de la mandataria.
Entre los casos más graves está el robo de unos 2.000 millones de dólares en Petrobras.