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WASHINGTON (AFP). Gigantes bancarios como el alemán Deutsche Bank y el suizo Credit fueron la semana pasada alcanzados por la justicia estadounidense.
El Deutsche Bank deberá pagar 7.200 millones de dólares y su competidor suizo 5.300 millones para saldar demandas y evitar procesos en Estados Unidos.
Estados Unidos ya había tomado medidas similares contra potencias bancarias nacionales: JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Bank of America pagaron en total 40.000 millones de dólares para resolver pleitos por sus operaciones con los préstamos tóxicos.
La constructora brasileña Odebrecht, eje de un gigantesco sistema de corrupción en su país, fue obligada la semana pasada a pagar 2.600 millones de dólares por su red internacional de sobornos que además de Brasil incluía a más de una decena de países.
La israelí Teva, número uno mundial en medicamentos genéricos, deberá pagar 519 millones de dólares por hechos de corrupción sin vínculo directo con Estados Unidos.
¿Por qué ocurre esto?
Porque Estados Unidos tiene una ley de 1977 que le permite sancionar empresas cuando cotizan en Wall Street o cuando sus transacciones ilegales pasan por el circuito financiero estadounidense.
Esa extraterritorialidad, que no tiene equivalente en otros países del mundo, le da a Estados Unidos un papel de gendarme contra la corrupción mundial.
El escándalo de los motores trucados del gigante alemán Volkswagen (VW) mostró la fuerza del sistema judicial estadounidense y su capacidad de enfrentar a grandes corporaciones.
Para indemnizar a los dueños de los autos y reparar los daños al medio ambiente, VW deberá pagar más de 15.000 millones de dólares y deberá reservar al menos un par de miles de millones más para hacerse cargo de demandas civiles.
Además, en Estados Unidos, las acciones de las autoridades pueden promoverse por demandas colectivas de los ciudadanos, que acentúan la presión sobre las grandes empresas.