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BARCELONA (AFP, EFE). La nueva situación supone que el Parlamento autonómico rechazará varias propuestas de resolución de los independentistas para proclamar el derecho “inalienable” de Cataluña a la “autodeterminación”, “reprobar” al rey de España y constatar la existencia de “presos políticos” entre los soberanistas. Los parlamentarios suspendidos están procesados por el Tribunal Supremo español, al igual que otros políticos catalanes, por el proceso secesionista ilegal de 2017.
Uno de esos diputados es Carles Puigdemont, huido en Bélgica, mientras que los tres restantes cumplen prisión provisional en España.
“Lo único que puede decir (Quim) Torra es que dimita, que disuelva el Parlament y que convoque elecciones”, dijo la diputada del conservador Partido Popular, Andrea Levy.
Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez descartan por ahora unos nuevos comicios, que en cualquier caso no podrían convocarse hasta el 27 de octubre, un año después de que el gobierno español destituyera a Puigdemont y disolviera el Parlamento regional como respuesta a la fallida declaración de independencia proclamada horas antes.
El independentismo venció en las elecciones de diciembre 2017, renovando la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero desde entonces el gobierno de Torra perdió 9 escaños: 4 del partido más radical, que ha pasado a la oposición, y otros cinco de diputados impedidos de votar por su situación judicial.