MANAGUA (AFP). Los gremios empresariales de Nicaragua suspendieron la convocatoria a una marcha prevista para el próximo jueves, después que la policía les negó el permiso.
En setiembre pasado, el régimen de Ortega declaró ilegales las protestas opositoras que no contaran con autorización, y ha negado permiso de marchar a tres organismos de la sociedad civil bajo el argumento de ser golpistas.
“Decidimos suspender la convocatoria a marchar, para evitar poner en peligro la vida e integridad de los asistentes”, dijeron los empresarios.
“Aunque estamos conscientes de que se trata de un derecho que la propia Constitución política concede a todos los nicaragüenses, sin excepción, no están dadas las condiciones de seguridad básica para el desarrollo de la misma”, agregaron los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana (Amcham) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
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La policía dijo que “no autorizará” esas actividades a personas u organismos que “promovieron, instaron o participaron en el fallido golpe de Estado”, como el gobierno califica a las manifestaciones opositoras desatadas en abril pasado.
El jefe de seguridad pública, Ovidio Hernández, argumentó en su resolución que las marchas opositoras no son “nada pacíficas ni cívicas” y que los empresarios no están facultados para realizar actividades políticas.
Hernández acusó al sector empresarial de actuar de forma “delictiva contra la Constitución, pretendiendo cambios constitucionales a través de la violencia y el terror”.
La resolución dice además que los líderes gremiales son “promotores, incitadores y responsables de los bloqueos de vías durante las protestas que estallaron el pasado 18 de abril.
Según la autoridad, los supuestos delitos cometidos por los líderes empresariales, que no fueron mencionados, están en proceso de investigación.
Las protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social que luego se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega, con 11 años en el poder y al que opositores señalan de actos de corrupción e instaurar una dictadura.
Las manifestaciones fueron cediendo ante la represión gubernamental, que dejó, según grupos humanitarios, unos 325 nicaragüenses murieron y más de 600 presos.