La Policía nicaragüense denegó el permiso a la convocatoria con el argumento de que las personas solicitantes “estuvieron involucradas en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos fines de semana, en centros comerciales de la ciudad de Managua, en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y recreación”.

La protesta es organizada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, así como por 50 personas naturales, también opositores, quienes han denunciado, con videos como prueba, que sus protestas son pacíficas hasta que la Policía y paramilitares oficialistas atacaron ataques contra civiles, que incluyen armas de diversos tipos.

La Policía apeló a su ley creadora para rechazar la manifestación, pese a las críticas de expertos juristas y constitucionalistas, que indican que ninguna ley está por sobre la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión sin necesidad de licencia.

Con su decisión, la Policía despreció el acuerdo entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de que el Gobierno respetará la Constitución en lo referente a la libertad de expresión y de prensa, firmado el 29 de marzo pasado, en el marco de las negociaciones para superar la crisis.

El rechazo policial se da dos días antes del primer aniversario del estallido social contra Ortega, ocurrido el 18 de abril de 2018, que ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios señalan hasta 568. El régimen sólo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas ” o “delincuentes comunes”.