El embargo responde a una petición realizada la pasada semana por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el marco de la causa que investiga un caso de corrupción en torno a la firma Hotesur, administradora de hoteles propiedad de los Kirchner.
En su solicitud Pollicita y Mahiques consideraron que existen “sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia”.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada socialista Margarita Stolbizer, quien denunció que el hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.
El expediente busca determinar si la expareja presidencial y sus hijos resultaron beneficiarios de forma “sistemática y coordinada” de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública “favorecidos” por el Estado “habrían realizado a favor de ellos”.
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El juez federal Julián Ercolini embargó a Máximo y Florencia Kirchner 16 inmuebles, entre los que se encuentran los hoteles Alto Calafate y La Aldea, que integraban la herencia del fallecido exmandatario, así como bienes que habían sido cedidos a sus hijos por Fernández, en marzo pasado.
Ercolini dispuso también el decomiso de un vehículo y de la participación societaria de los hijos en las empresas Los Sauces, Hotesur y Coma SA, valorada en 13,7 millones de pesos (850.000 dólares).