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MÉXICO (AFP). Las tres reformas planteadas por el Gobierno de Andrés M. López Obrador, que contaron con la aprobación de una mayoría calificada del Congreso bicameral y de al menos 17 de los 32 congresos estatales mexicanos, son las referidas a la extinción de dominio y la que autoriza prisión preventiva oficiosa para delitos considerados “graves”, tales como la corrupción.
Sobre la extinción de dominio, mecanismo por el que un Estado puede perseguir bienes con origen o destino ilícito declarando la pérdida de derecho de propiedad de dichos recursos, se aprobó la ampliación del catálogo de delitos sujetos a esta figura.
En la reforma se contempla incluir corrupción, extorsión, robo de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos.
Se ordena además la creación de una ley que prevea utilizar los bienes recuperados para reparar a víctimas, implementar programas de bienestar y financiar programas de seguridad, así como la creación de un instituto para administrar dichos bienes, detalló Sánchez.
Con la modificación se amplía el catálogo de delitos en los cuales todo juez “deberá ordenar la prisión preventiva” oficiosa, subrayó Sánchez, incluyendo ahora corrupción, robo de hidrocarburos, delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, desaparición forzada, entre otros.
López Obrador declaró que “se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude electoral”.
Guardia Nacional
La propuesta original de la Guardia Nacional fue muy criticada por la oposición y defensores de derechos humanos por considerar que conducía a una militarización permanente del país. Sin embargo, fue aprobada en las dos cámaras tras varias modificaciones, entre ellas eliminar un fuerte componente militar.
La participación militar en la lucha antidrogas, iniciada en 2006, se acompañó de una vertiginosa ola de violencia. Según cifras gubernamentales, desde entonces se registraron unos 250.000 asesinatos, aunque no se detalla cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.
Tras un acuerdo entre todos los partidos políticos mexicanos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles.
La tercera reforma fue la creación de la Guardia Nacional como parte de la política de seguridad impulsada por el presidente Andrés López Obrador.
México es el país de América Latina más golpeado por la violencia vinculada con el narcotráfico.
“El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país”, dijo la ministra de Interior, Olga Sánchez.