Escándalo de corrupción en el Brasil alcanza a Eletrobrás

BRASILIA (AFP, ANSA). La investigación detectó pagos de sobornos en el proceso de licitación para construir la usina nuclear Angra3, ubicada en Angra dos Reis, 150 km al sur de Río de Janeiro.

Según el escrito del juez, Eletronuclear (subsidiaria de Eletrobrás) adoptó medidas para restringir la competencia, “lo que llevó al éxito en el concurso de las empresas Camargo Correa, UTC Engenharia, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, Techin y EBE, que forman el Consorcio Angramon”.

“Para evitar la concertación fraudulenta de versiones entre los investigados”, el juez Sergio Moro decretó la prisión preventiva del presidente de Eletronuclear,

Othon Luiz Pinheiro da Silva (apartado del cargo desde abril), y de un ejecutivo de Andrade Gutiérrez, Flávio David Barra.

Eletronuclear es responsable por la generación del 3% de la energía eléctrica consumida en Brasil.

Pinheiro da Silva recibió alrededor de 4,5 millones de reales (alrededor de 1,3 millones de dólares) en sobornos de parte de las empresas, informó la fiscalía en una conferencia de prensa en Curitiba.

El presidente de Eletronuclear pidió licencia de su cargo en abril, cuando la prensa local filtró las primeras informaciones sobre presuntas irregularidades en los contratos y pago de sobornos.

“La corrupción en Brasil es endémica y está en proceso de metástasis”, afirmó ayer el fiscal Athayde Ribeiro Costa.

De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolão” las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabulados.

La tasa media de los sobornos variaba entre 1% y 3% del valor de cada contrato, según la justicia.

Por este caso también está detenido el hasta hace poco tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores João Vaccari, acusado de ser el articulador financiero en la red de corrupción de la fuerza a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff en la red de corrupción.

Las ramificaciones políticas del “Petrolão” mantienen en vilo al país y le están cobrando un peaje muy elevado a la popularidad de Rousseff, que cayó a 7,7%.

La Justicia también investiga a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones en el marco de este caso.

Según la Mandataria los escándalos de corrupción en Petrobras, ventilados por la operación denominada “Lava Jato” (Lavado Rápido), causaron un perjuicio equivalente al 1 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a unos 18.000 millones de dólares.

“Para que ustedes tengan una idea, el proceso Lava Jato costó un punto porcentual del producto bruto interno brasileño”, dijo Rousseff durante una reunión con una decena de ministros el lunes en el Palacio del Planalto, sede gubernamental, reportaron ayer los diarios Folha de São Paulo y O Globo.

Para el Gobierno la repercusión negativa del caso genera una onda expansiva que afecta a la “confianza” de los inversores.