LA PAZ (EFE). El triunfo del “no” con un 51,30% de votos contra la reforma constitucional planteada para permitir una candidatura de Morales en los comicios de 2019 fue un duro golpe personal para él.
Pero del desconcierto, Morales pasó inmediatamente a la descalificación del resultado afirmando que fue producto de una “guerra sucia” tras haberse desvelado una antigua relación con Gabriela Zapata y un presunto hijo entre ambos. Además de un caso de corrupción mediante, que tiene presa a Zapata desde febrero tras ser acusada de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros delitos.
Y si alguien esperaba que esa derrota sellara el futuro político de Morales para dar paso a un recambio en su Movimiento al Socialismo (MAS) o la posibilidad de una alternancia en el poder, lo que pasó fue otra cosa: que el mandatario decidió jugar “un segundo tiempo” para insistir en la reelección.
Caso Zapata
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El Gobierno abrió un frente contra los políticos que hicieron campaña en su contra y otro contra varios medios de comunicación y periodistas que contaron la historia de Zapata y del supuesto hijo que aseguraba haber tenido con el mandatario, pero que, según la Fiscalía, nunca nació.
La ostentosa vida de Zapata, la denuncia de que usaba oficinas gubernamentales para negociaciones ilegales y el aumento de su patrimonio trabajando para la compañía china Camce, que firmó varios contratos con el Estado boliviano, fueron un imán para todos los medios y un arma que usó la oposición para levantar sospechas sobre Morales.
Fue uno de los peores momentos del mandatario, con una controversia política en torno a si benefició o no a su expareja o a la Camce con sus influencias, aunque el Parlamento, controlado por el oficialismo, lo liberó de esas acusaciones.
Contra la prensa
En una reacción más virulenta contra la prensa, de las que ya se vive bajo su gobierno, se acusó a varios medios de formar “un cartel de la mentira” sobre el caso Zapata, lo que deterioró gravemente el clima de trabajo para los medios, según denunciaron organismos internacionales.
Además de la retórica hostil, la campaña ha tenido efectos concretos en los medios, que denunciaron que el Gobierno está provocando “una asfixia publicitaria” que amenaza la “independencia editorial” y provoca autocensura.
Acoso a opositores
El endurecimiento del Gobierno también apunta a la oposición, en particular al dirigente y empresario Samuel Doria Medina, que afronta un sinnúmero de juicios, incluso por supuestos delitos cometidos hace 25 años, cuando era ministro de Planeamiento.
Toda la oposición denuncia que Morales usa la Justicia como un instrumento de acoso político.
Además de Doria Medina, están procesados o ya han sido sentenciados en juicios el expresidente Jorge
Quiroga (2001-2002), el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el exgobernador de Beni Ernesto Suárez.
Según recuentos de la prensa, en los últimos ocho años los dirigentes opositores han afrontado más de un centenar de demandas.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que hasta ahora no tenía una demanda concreta en contra, ha sido advertido de que el Parlamento puede investigar una destrucción de documentos sobre gastos reservados ocurrida en 2004.
