La pasada semana los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron una denuncia ante el órgano electoral (conformado por partidarios del gobierno) en contra de Morales, por haber prometido obras si le garantizan el cien por cien de la votación.

“Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan el cien por ciento, lo que ustedes pidan el próximo año”, había dicho Morales en ese acto.

El informe identificó una “posible vulneración” a la ley de Régimen Electoral, que define el periodo de propaganda electoral es posible noventa días antes de los comicios, que se celebrarán el próximo 20 de octubre.

También el artículo 119 de la ley prohíbe realizar propaganda electoral en actos públicos “que implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”.

El artículo 120 de la norma establece que la vulneración de la norma “dará lugar a la imposición de sanciones y multas”.

Tras las críticas de la oposición, el presidente Morales manifestó que “fue malinterpretado”, ya que solo era una broma.

Morales aspira a un cuarto mandato hasta 2025, pese a la prohibición constitucional, y a ser rechazado en un referendo popular.

El Tribunal Constitucional de Bolivia (también integrado por partidarios de Morales), alegó que su candidatura es un “derecho humano”.