La ministra de Comunicación, Marianela Paco, dijo que existe “un sentido de mercantilización chantajista del derecho de la información del pueblo, invisibilizando sistemáticamente la gestión pública del Gobierno”.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de los diarios había denunciado que la exclusión de estos medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales fue tomada en represalia por el Gobierno.
Para la ANP, esta medida es una consecuencia “del trabajo transparente cumplido antes, durante y después” del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019.
El oficialismo atribuyó su derrota electoral a una supuesta “guerra sucia” en su contra en los medios y las redes sociales durante la campaña.
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“Lamentamos que una extendida campaña (que es una) agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, indicó la ANP.